En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Mientras las autoridades locales y nacionales debaten responsabilidades, los ciudadanos enfrentan una realidad marcada por largas filas, recipientes improvisados y una incertidumbre creciente sobre cuándo volverá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el barrio de Chillogallo, al sur de la capital ecuatoriana, la espera por agua se ha convertido en parte de la rutina. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la vereda con un balde vacío esperando el paso de un camión cisterna, conocidos como tanqueros. Como ella, decenas de vecinos cargan botellas, ollas y hasta tachos de basura para intentar recolectar el líquido vital.
Muchos de los afectados son adultos mayores que no tienen la fuerza para trasladar el agua hasta sus hogares. “Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, relata Erselinda Guilca, una jubilada visiblemente cansada. Las condiciones de espera, combinadas con la falta de certeza sobre la hora de llegada de los tanqueros, han exacerbado el malestar de la población.
Medidas insuficientes y protestas ciudadanas
El Municipio de Quito ha desplegado 71 tanqueros, cinco hidrantes móviles y varios puntos fijos de distribución, pero estos recursos no han sido suficientes para cubrir la demanda. La distribución irregular y la escasa capacidad logística han provocado protestas en diferentes barrios. En Nueva Aurora, vecinos desesperados se han volcado a una vertiente natural no potabilizada para abastecerse, exponiéndose a riesgos sanitarios.
Dado que no hay vehículos apropiados, ciertos ciudadanos optan por rentar carretillas, vehículos improvisados o incluso usan bolsas de basura para transportar el agua. Tomás Chiguano, un albañil impactado por la crisis, menciona que su labor también ha sido detenida, ya que no hay agua para combinar materiales esenciales como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este gasto adicional afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, las cuales deben decidir entre invertir dinero en agua o en otras necesidades esenciales como comida y medicinas.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
La gestión de la emergencia ha revelado profundas fracturas entre el gobierno local y el nacional. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, insiste en que más de 500 personas trabajan en la zona afectada para restablecer el servicio, desde el Gobierno central se ha cuestionado la falta de coordinación y transparencia en la respuesta municipal.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue designada para coordinar la asistencia en las zonas afectadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de plantas potabilizadoras móviles en varios puntos estratégicos, con el apoyo de la Cruz Roja. Sin embargo, la ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó duramente al Municipio por no presentar un plan de acción técnico ni establecer una comunicación efectiva.
Por su parte, el alcalde Muñoz denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y pidió una mayor colaboración institucional para superar la crisis.
Camino a la recuperación
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La crisis en Quito destaca no solo la fragilidad de las instalaciones de agua frente a eventos naturales, sino también la urgencia de tener una organización conjunta, efectiva y solidaria entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, la ciudadanía sigue soportando y ajustándose, mientras aguarda que el suministro de agua se restablezca normalmente.